El deporte peruano vuelve a quedar bajo cuestionamiento por el manejo de recursos públicos. Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la administración de fondos destinados a atletas de alta competencia durante el Año Fiscal 2023.
El Informe de Auditoría N.° 009-2026-2-0217, contenido en un expediente de 328 páginas, examinó la gestión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), con especial atención al trabajo de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF) y distintas federaciones deportivas nacionales.
Según el documento, durante 2023 el Estado destinó más de S/ 44.3 millones a 56 federaciones deportivas y a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) para financiar actividades vinculadas con deportistas de alta competencia.
La Contraloría tomó como muestra S/ 20.1 millones correspondientes a 11 federaciones y la ANPPERÚ. A partir de esta revisión, identificó deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de los recursos entregados.
Uno de los hallazgos está relacionado con el uso de declaraciones juradas para sustentar determinados gastos. La auditoría señala que se aprobaron desembolsos bajo este mecanismo, pese a que no estaba contemplado por la normativa aplicable. El monto observado y no devuelto asciende a S/ 95,601.74 en disciplinas como voleibol, taekwondo, ciclismo, levantamiento de pesas y atletismo.
El informe también detectó comprobantes considerados irregulares por S/ 428,256.87. Estos gastos fueron sustentados mediante simples cuadros resumen, según las observaciones consignadas por el órgano de control.
Otro grupo de irregularidades corresponde a desembolsos vinculados con viajes internacionales. La auditoría señala que se efectuaron pagos a personas que no estaban autorizadas para integrar las delegaciones oficiales de competencias de judo, boxeo y bádminton.
Uno de los casos observados corresponde a la Federación Peruana de Tae Kwon Do. De acuerdo con el informe, se autorizaron S/ 45,000 para realizar un curso dirigido a entrenadores que finalmente no se habría ejecutado.
En el caso de la ANPPERÚ, la Contraloría también encontró observaciones relacionadas con atenciones médicas previas y gastos correspondientes a deportistas que no formaban parte de las delegaciones oficiales.
