A pocos meses de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, el deporte se ha convertido en uno de los principales temas de campaña en Arequipa. Candidatos ofrecen construir estadios, apoyar económicamente a clubes y crear nuevas ligas deportivas; sin embargo, muchas de estas propuestas exceden las competencias que establece la legislación peruana.
La Ley General del Deporte (N.° 28036), junto con las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipalidades, delimita las funciones que cada nivel de gobierno puede asumir en materia deportiva.
Competencias del Gobierno Regional
El Gobierno Regional tiene como responsabilidad impulsar el deporte afiliado, el alto rendimiento y la infraestructura deportiva de alcance regional.
Dentro de sus atribuciones está financiar y ejecutar proyectos de gran envergadura, como la construcción o remodelación de estadios y complejos deportivos. También puede destinar recursos para apoyar la preparación, indumentaria y traslado de las delegaciones que representan a la región en competencias nacionales.
No obstante, el Gobierno Regional no puede crear clubes profesionales ni intervenir en la organización o dirección de ligas y federaciones deportivas, entidades que gozan de autonomía reconocida por la ley.
¿Qué pueden hacer las municipalidades?
Las municipalidades provinciales y distritales tienen como principal función promover el deporte recreativo y la actividad física en sus jurisdicciones.
Entre sus competencias se encuentra la construcción y mantenimiento de losas deportivas, complejos recreativos y piscinas públicas. Asimismo, pueden desarrollar escuelas deportivas municipales gratuitas y organizar los Juegos Deportivos Municipales.
Sin embargo, no pueden destinar recursos públicos para financiar planillas, viajes, deudas o gastos de clubes de fútbol, incluidos los que participan en la Copa Perú, al tratarse de instituciones privadas. Tampoco tienen facultad para otorgar reconocimiento oficial a campeonatos del sistema federado, función que corresponde a las ligas deportivas afiliadas a sus respectivas federaciones.
Conocer el alcance de estas competencias permite a los ciudadanos evaluar con mayor criterio las propuestas electorales y distinguir entre compromisos viables y promesas que la legislación vigente no permite cumplir.
